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Tras una década de litigios, la Corte de Apelaciones evalúa si mantiene la suspensión del traspaso del 51% de las acciones de YPF como pago por la expropiación de 2012, o si obliga a Argentina a transferir esos activos o compensar con otros.
Después de diez años de disputa judicial, este martes 12 de agosto la Corte de Apelaciones de Nueva York debe definir si mantiene en pausa la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a Argentina a entregar el control mayoritario de YPF como indemnización por la expropiación realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012.
La decisión se divide en tres opciones posibles: continuar la suspensión del traspaso de acciones, rechazar la medida cautelar y exigir su entrega inmediata, o mantener la suspensión pero permitir que Argentina ofrezca otros activos equivalentes en lugar de las acciones.
De confirmarse la suspensión, el caso avanzará a otra instancia judicial para resolver la orden en sí misma. Pero si se rechaza, el Gobierno deberá optar entre negociar un acuerdo con los acreedores o incumplir el fallo, lo que podría desencadenar embargos sobre reservas del Banco Central, activos de YPF o limitar la salida a mercados internacionales.
El juicio multimillonario se originó por la falta de una Oferta Pública de Adquisición tras la expropiación de YPF, incumpliendo las normas del mercado de valores de Nueva York y afectando a inversores extranjeros. La cifra reclamada alcanza los 16.100 millones de dólares, más intereses diarios superiores a dos millones de dólares.
Detrás de esta compleja trama están actores como el Grupo Petersen, que adquirió un 25% de YPF con financiamiento de Repsol, y Burford Capital, una firma que compró el derecho a litigar en representación de acreedores y financia el proceso judicial desde 2015.
Fuentes cercanas al grupo Petersen afirmaron que la familia Eskenazi aportó cien millones de dólares propios para esa operación, reflejando la magnitud y complejidad financiera de esta disputa que sigue pendiente de resolución.
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