En lo que va del año, se gastaron unos $30 millones por falsas amenazas en San Juan

La amenaza de bomba que obligó a evacuar el Estadio del Bicentenario antes del show de Lali Espósito no fue un hecho aislado. Según confirmaron desde la Policía de San Juan, en lo que va de 2025 se registraron al menos el doble de llamadas falsas respecto a todo el año pasado, con intervenciones reiteradas en escuelas y edificios públicos que movilizan personal, equipos y recursos estatales valuados en millones de pesos.

“En 2024 tuvimos cinco llamados. Este año ya vamos por diez, todos entre marzo y agosto. Siete fueron en escuelas, tres en instituciones públicas. Por suerte, todas resultaron ser falsas alarmas, pero no por eso dejan de preocuparnos”, señaló Jorge Carbajal, jefe de la Brigada Antiexplosivos, en diálogo con este medio. Detalló que el último operativo, por el concierto de Lali, requirió la participación de nueve efectivos y que si se hubiera producido otro evento en simultáneo, la respuesta se habría visto seriamente comprometida.

Actualmente, la Brigada está integrada por solo 13 agentes, y por eso se presentó un proyecto ante la Jefatura de Policía para incorporar nuevos integrantes al escuadrón. “Ya fue elevado a la Secretaría de Seguridad, y si obtiene luz verde, llegará al Ejecutivo para su aprobación. Necesitamos reforzar el equipo cuanto antes”, remarcó Carbajal.

El costo operativo por cada amenaza ronda los 2 a 3 millones de pesos, monto que se traslada a los responsables una vez identificados, aunque según el propio funcionario, “ese número no alcanza a cubrir la inversión en equipos ni el desgaste por traslados innecesarios”. Uno de los insumos más valiosos es el traje EOD (Explosive Ordnance Disposal), fabricado con materiales de alta resistencia, valuado en 60 millones de pesos y con una vida útil estimada en 10 a 15 años, que puede reducirse significativamente si se lo usa fuera de contexto. “Tenemos sólo uno, y no podemos darnos el lujo de desgastarlo por falsas alarmas”, subrayó.

En paralelo, se confirmó que el Ministerio de Educación y la Brigada trabajan en una serie de charlas preventivas en escuelas para generar conciencia sobre el impacto de estas acciones. La mayoría de las amenazas son realizadas por estudiantes que buscan evitar exámenes o como “una travesura”, aunque también se detectaron adultos implicados, como ocurrió con la bioquímica Rosario Cortés Zmutt, quien en junio denunció un artefacto explosivo en el Hospital Rawson donde trabajaba. Su caso derivó en una causa penal.

El hecho ocurrido el viernes por la noche, previo al recital de Lali, activó todos los protocolos de seguridad. Si bien no se halló ningún dispositivo explosivo, la evacuación del Estadio Cantoni y la repercusión nacional del hecho motivaron una investigación judicial que ahora avanza sobre nuevas pistas. “Ya sabemos que el número estaba radicado en Buenos Aires, pero la llamada se hizo desde la zona de Marquesado. Se utilizó un dispositivo sin geolocalización, lo que dificulta la tarea”, explicó el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Delitos Especiales, en Radio Light.

El funcionario confirmó que hay tres hipótesis en análisis y que las penas por este tipo de delitos van desde los 2 hasta los 10 años de prisión. “No creo que haya posibilidad de una suspensión de juicio a prueba. Es una amenaza anónima con penas graves. Si se considera un hecho de gravedad institucional, la mínima puede elevarse a cinco años”, advirtió.

Mattar también lamentó el impacto que la situación generó en la imagen de la provincia. “Es un episodio que nos dejó mal parados a nivel nacional. Esperamos tener pronto una respuesta concreta y un responsable identificado”, cerró.