En foto, así van transformando el edificio 9 de Julio: "El Poder Judicial merece su edificio propio"

Ministros de la Corte Suprema visitaron la infraestructura que será destinada para nuevas oficinas.

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La presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Adriana García Nieto, informó que ya se tomó posesión del edificio 9 de Julio, en el predio de la Ciudad Judicial, y que comenzó formalmente la obra de refuncionalización, tras el traspaso por parte del Poder Ejecutivo y la adjudicación de la licitación correspondiente.

“El edificio ya es formalmente del Poder Judicial y se está adecuando para que funcione como sede judicial. La obra recién comienza y el plazo estimado es de un año. Para 2026 esperamos una entrega parcial”, detalló García Nieto en declaraciones a la prensa.

 Adriana García Nieto

En esta primera etapa se prevé intervenir aproximadamente el 60% del edificio, con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos. El objetivo es trasladar allí los fueros Civil, Laboral y de Familia, que actualmente funcionan en los anexos de Jujuy y Mitre. La obra incluirá salas de audiencia y oficinas administrativas.

“No es poco lo que se traslada. Buscamos terminar con los alquileres y concentrar servicios para que los ciudadanos no deban recorrer múltiples edificios”, enfatizó.

La presidenta remarcó que no se ha abandonado el proyecto integral de la Ciudad Judicial, sino que se están aplicando soluciones viables ante las restricciones económicas actuales. “El Poder Judicial merece su edificio propio. La situación financiera postergó tiempos, pero esta decisión conjunta con el Poder Ejecutivo nos permite seguir avanzando”, aseguró.

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En cuanto a la mudanza, explicó que será gradual y coordinada, según las posibilidades operativas del sistema informático judicial. “No es solo mudar escritorios; necesitamos que todo el sistema esté funcionando correctamente para no afectar el servicio de justicia”, indicó.

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Finalmente, sobre la vacancia en el Instituto General, recordó que el Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de definir el cronograma de selección. “La ley establece 90 días. Si no se designa en ese plazo, la Corte puede nombrar un subrogante. Pero los tiempos los manejan el Consejo y la Cámara de Diputados”, concluyó.

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