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La intendenta de Caucete sigue dilatando los pagos adeudados y, sin autocrítica, señala "operaciones políticas" para desgastar su imagen. "“Si nos llaman al juego, seguramente sabremos jugar”, desafía Rosas.
PolíticaRomina Rosas rompió el silencio tras semanas de tensión por la millonaria deuda que mantiene el municipio de Caucete con la empresa DECSA. En declaraciones a Diario Móvil, la intendenta confirmó que intentará cumplir con la resolución del EPRE que ordena el pago de más de $550 millones en concepto de consumo eléctrico por alumbrado público, aunque advirtió que no está de acuerdo con los montos establecidos ni con los criterios técnicos utilizados para calcularlos. “Seguramente intentaremos dar cumplimiento a la resolución, si eso no significa que estemos de acuerdo”, expresó.
La resolución 590/24 del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) estableció que el municipio debe abonar $553.977.749, monto que surge de una auditoría iniciada a pedido de la propia gestión de Rosas en abril de 2024. El organismo técnico detectó que entre octubre de 2020 y diciembre de 2023 hubo un consumo no facturado de más de 5 millones de kWh. Además, identificó fallas de gestión, omisiones en los pedidos de medidores, y un esquema de alumbrado público no declarado, compuesto en gran parte por luminarias LED y halogenadas.
Frente a esto, Rosas insistió en que la cifra es exagerada y que hay diferencias entre lo estimado y lo realmente consumido. “El EPRE sostiene que ha habido una mala medición. Se tomaba un consumo mayor de energía eléctrica sobre el alumbrado que no existía”, dijo. Aseguró que su equipo técnico detectó irregularidades y que la deuda sería menor: “Nuestra auditoría indica que el valor es menos. Nos vamos a sentar con DECSA para determinar nuevamente ese valor”.
Sin embargo, el propio titular del EPRE, Roberto Ferrero, había aclarado semanas atrás que el ente no solo cuantificó el consumo no medido, sino que también estableció el procedimiento de pago y advirtió que, si el municipio no regularizaba la situación, podría quedar expuesto al corte del suministro por parte de la empresa distribuidora. “Se tomaron los datos de campo y se estableció el pasivo. El municipio sabía lo que estaba instalando y no lo declaró como correspondía. Ahora tiene que afrontar esa deuda”, explicó Ferrero en su momento.
Consultada por el trasfondo del conflicto, Rosas apuntó a una supuesta intencionalidad política: “Este conflicto lo venimos trayendo desde 2023. En 2024 el municipio solicita la auditoría al EPRE. Allí se reconoce que DECSA había facturado mal el alumbrado público, generando un déficit al municipio de cerca de $500 millones. Pero de estas cosas no se habla”, señaló. También dijo que “hay cuestiones que también hay que poner sobre la mesa” y remarcó que “no todo es responsabilidad del municipio”.
“Hay un intento de desgaste a la figura de la intendenta. Yo siempre digo que hay que tener cuidado porque se termina desgastando al ciudadano caucetero”, sostuvo Rosas. En esa línea, agregó: “Somos noticia por todo, por una cosa o por la otra. Si hay alguna situación determinada en el departamento, siempre se elige mostrar lo negativo”.
Incluso minimizó la denuncia del juez de Faltas, quien reclamó falta de pago de haberes. Según Rosas, el magistrado cobró con una diferencia mínima respecto al resto del personal y su presentación ante el Concejo Deliberante fue desproporcionada. “Eso fue un reclamo porque no se le pagó exactamente al mismo tiempo que al personal de planta permanente. Evidentemente tiene un trasfondo político”, disparó.
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