Por el vínculo con la causa Lucía Rubiño, apartan al juez federal Echegaray de un juicio importante

Un giro inesperado sacudió el desarrollo de un juicio por crímenes de lesa humanidad en San Juan. El magistrado Hugo Echegaray decidió apartarse del tribunal que debía juzgar al represor Juan Francisco Del Torchio, luego de que la defensa del acusado planteara un posible conflicto de intereses relacionado con otro caso de gran repercusión pública.

El defensor de Del Torchio, Marcelo Fernández Valdez, fue quien presentó la solicitud formal. Argumentó que el juez tenía una participación directa en la causa judicial que investiga la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente atropellada en octubre del año pasado en el Barrio Profesionales de Rivadavia. Allí, el hijo del juez, Juan Pablo Echegaray, fue vinculado a los hechos como parte de una querella paralela.

En esa línea, el abogado consideró que esta situación podría comprometer la objetividad del magistrado, quien además habría demostrado interés en imputar a su propio hijo por su presunta implicancia. El planteo fue admitido y el juez federal resolvió de manera voluntaria apartarse del proceso, reconociendo que las circunstancias ponían en riesgo las garantías de imparcialidad y del debido proceso.

El tribunal federal tomó nota de la recusación, entendiendo que existían motivos fundados en un hecho reciente y ajeno a la causa principal, lo que podía afectar la percepción de neutralidad. También se dio intervención a la Cámara de Casación Penal para que se designe a un reemplazo que continúe con el juicio oral.

Fernández Valdez, quien además es querellante en el expediente por la muerte de Lucía Rubiño, ya había cuestionado en su momento la decisión judicial de sobreseer a Juan Pablo Echegaray. La acusación sostiene que el joven habría provocado la maniobra que terminó con el impacto mortal de un menor de edad al volante de otro vehículo.

Mientras tanto, el juicio en el que estaba implicado Del Torchio se refiere a gravísimos delitos cometidos durante la última dictadura militar. El exmilitar ya fue condenado en 2013 junto a otros represores, y en 2023 volvió a recibir una pena, esta vez de prisión perpetua, por su rol en una serie de homicidios y crímenes aberrantes cometidos en el marco del terrorismo de Estado.