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Raúl Ábrego encabezó protesta y rechazó las nuevas disposiciones de control en las manifestaciones y denunció el agravamiento de la situación económica en los barrios populares.
Organizaciones piqueteras marcharon este jueves por el centro de la ciudad de San Juan para expresar su rechazo al protocolo antipiquetes y visibilizar una serie de reclamos sociales vinculados a la vivienda, los planes sociales y las tarifas. La movilización fue encabezada por Raúl Ábrego, referente del movimiento piquetero local, quien cuestionó las medidas de control aplicadas a las manifestaciones públicas.
“Marchamos en contra del protocolo porque creemos que atenta contra la democracia. Manifestarse es un derecho, y si no hay manifestaciones, estamos hablando de otra cosa”, sostuvo Ábrego, al ser consultado sobre el eje de la protesta. Aclaró que, si bien en San Juan no se registraron represiones como en otras provincias, denunciaron que hubo pedidos de datos personales a manifestantes por parte de la Policía, lo que interpretaron como un intento de persecución.
"Pedmimos viviendas para los compañeros", espetó el dirigente social
El dirigente también señaló que la situación económica en los barrios populares se ha deteriorado en los últimos meses. “Hay compañeros que están pagando por viviendas que no se entregan, y eso también lo estamos reclamando. Además, las subas en la luz y el agua están siendo insoportables. En algunos casos las boletas superan los 80 mil pesos”, afirmó.
Durante la protesta se sumaron otras organizaciones de izquierda y sectores independientes, y la movilización se desarrolló de forma pacífica. Ábrego anticipó que continuarán con medidas similares en lo que resta del mes, con movilizaciones hacia organismos provinciales, como la sede del Ministerio de Desarrollo Humano.
Sobre la convocatoria, explicó que se trata de una expresión de necesidad concreta: “La gente se suma porque no llega a cubrir la canasta básica. Estamos hablando de ingresos por debajo de los 100 mil pesos, mientras la canasta supera el millón cuatrocientos. Con planes sociales de 70 mil pesos no se puede vivir”, advirtió.
Desde la organización remarcaron que mantendrán una modalidad pacífica en sus acciones futuras, pero insistieron en que los cortes de calle y las protestas no pueden ser criminalizados en un contexto de crisis. “Nos manifestamos porque tenemos derecho a hacerlo. No hay otra forma de ser escuchados”, concluyeron.
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