La Justicia de San Juan investigará el pago erróneo a un trabajador: ¿Devolverá los 110 millones de pesos?

En las últimas horas, se conoció que una causa con trascendencia nacional, quede bajo la jurisdicción de San Juan. Se trata del caso del pago erróneo de una empresa minera a una trabajadora despedida, es un pago de aproximadamente 110 millones de pesos. El juez de Impugnación, Renato Roca, rechazó la declaración de incompetencia que dictaminó su par de Garantías, Gloria Chicón y ahora, la justicia sanjuanina tendrá que actuar ante el reclamo de la Minera Andina del Sol, contra una pareja. 

La decisión implica que Roberto Dany Sarmiento y su esposa Myriam Muñoz (el matrimonio oriundo de San Luis acusado por la fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas) serán finalmente investigado bajo jurisdicción sanjuanina. Cabe recordar que la resolución inicial de Chicón había sido apelada tanto por la fiscal Marcela Torres como por los abogados querellantes Juliana Vizcaíno y Rubén Pontoriero.

Todo comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando Sarmiento fue desvinculado de Minera Andina del Sol, firma integrada por Barrick Mining y Shandong Gold. Como parte del acuerdo, la empresa le abonó una indemnización de $107.019.000. Sin embargo, apenas ocho días después, debido a un error administrativo en Recursos Humanos, se le transfirió ese mismo monto por segunda vez.

Al advertir la equivocación, el jefe de área se comunicó con Sarmiento para solicitarle la devolución. Según consta en la denuncia, el exempleado respondió: “Quedate tranquilo que cuando lo tuviera depositado lo transfiero”. Sin embargo, ese mismo día, el dinero ya estaba en su cuenta y al día siguiente, fue transferido a la cuenta de su esposa, Myriam Muñoz.

Desde entonces, la pareja no respondía un sólo llamado, ni mensajes. La firman internacional agotó las instancias administrativas, envió cartas documento y finalmente radicó la denuncia penal.

Con la reciente resolución de Roca, el expediente quedó firme para ser investigado en San Juan, provincia donde ocurrieron las transferencias y se registró el presunto delito. La fiscalía deberá determinar si existió una maniobra intencionada de apropiación indebida de los fondos y avanzar en las acciones judiciales contra el matrimonio.

De esta manera, se cierra un capítulo procesal que había demorado el avance de una causa de alto impacto, tanto por el monto millonario involucrado como por el escándalo que se generó tras la fuga de los acusados.