Rosas montó un show con militancia en su interpelación: la millonaria deuda que contrajo

En un clima marcado por la tensión política, el Concejo Deliberante de Caucete lleva adelante este jueves la interpelación a la intendenta Romina Rosas, en el marco del extenso conflicto con la empresa DECSA por una deuda millonaria en concepto de consumo eléctrico. La sesión, que había sido convocada formalmente días atrás, arranca pasadas las 10.30 con un fuerte operativo político y simbólico: militantes oficialistas en las puertas, carteles dentro del recinto y gritos contra los concejales opositores que cuestionan la gestión.

La exposición de la intendenta no pasa desapercibida. Rosas utiliza diapositivas, menciona cifras y exhibe cajas con expedientes, al tiempo que cuestiona el accionar de la distribuidora eléctrica. Según su exposición, buena parte del pasivo con DECSA se origina en "errores propios" de la empresa y en una aplicación incorrecta del Cargo Único Municipal. “Nos están cobrando como si fuésemos parte del Gran San Juan, cuando el consumo es mucho menor”, argumenta. Al mismo tiempo, acusa a los ediles críticos de “perder el tiempo” en vez de defender a la comunidad.

Desde la oposición, el concejal Franco Buffagni recuerda que la deuda fue fijada oficialmente por el EPRE en $550.162.640, a través de la resolución 0508/25. Ese monto se ubica entre los $800 millones que inicialmente reclamaba la empresa y los $345 millones que había reconocido el Ejecutivo municipal tras una auditoría propia. “Este debate no es un capricho, sino una obligación institucional. Llevamos meses pidiendo información precisa y lo único que recibimos son evasivas”, sostiene Buffagni mientras la militancia interrumpe con cánticos.

Rosas se mantiene firme. Asegura que el municipio nunca convalidó el monto y apunta: “Ya hemos logrado reducir la deuda en más de $200 millones porque defendimos a los cauceteros”. Sin embargo, el EPRE desestima los argumentos de la auditoría contratada por el municipio y, en su resolución, advierte que la instancia administrativa está agotada. Si no hay acuerdo entre las partes, la disputa deberá dirimirse en la Justicia.

El ente regulador provincial también insta a establecer un plan de pagos en un plazo de 20 días y aclara que la cifra reconocida incluye consumos de edificios públicos y alumbrado, cargos por gestión de cobro y el CUM. En su argumentación, el EPRE sostiene que aplicó el principio de "in dubio pro usuario", pero que la documentación aportada por el municipio no permitió validar un monto menor al finalmente determinado.

Durante la interpelación, el concejal Emanuel Castro subraya que “el EPRE ya se pronunció y fijó la deuda. Negarlo es desconocer una resolución oficial”. Ante esa afirmación, Rosas retruca: “Entonces llamen al EPRE, no a mí. Yo tengo que gobernar”. Y concluye: “Vamos a negociar, pero si no se reconoce nuestro planteo, acudiremos a la Justicia. Lo que ha hecho DECSA es grave y merece una sanción”.

Una vez terminada su exposición, Rosas se retira entre aplausos, saludos y fotos con la militancia. Antes de retirarse, bromea: “Me tienen que interpelar más seguido, así las vuelvo a ver”, dice entre risas a un grupo de mujeres.

Ya fuera del recinto, en diálogo con los medios, refuerza su postura: “El EPRE reconoce que debe analizarse el consumo estimado de alumbrado público. Nosotros vamos a insistir con esa línea. Hay margen para revisar el monto. Pero si no hay acuerdo, será la Justicia la que defina”.