Sigue el escándalo por la deuda millonaria que contrajo Rosas: cuánto le debe a DECSA

Este jueves 19 de junio, el Concejo Deliberante de Caucete interroga a la intendenta Romina Rosas por la millonaria deuda que el municipio mantiene con la empresa DECSA, encargada de la distribución eléctrica y el alumbrado público. La sesión, de carácter extraordinario, se lleva a cabo en un clima de alta tensión política, con presencia de militantes oficialistas fuera del recinto y expresiones de repudio por parte de la oposición dentro del salón.

El conflicto económico con la empresa energética se arrastra desde el año pasado. Inicialmente, DECSA reclamaba un monto cercano a los $800 millones. Sin embargo, tras sucesivas revisiones, el número se redujo. A fines de 2024, el EPRE había determinado que la deuda ascendía a $465 millones. Ante el desacuerdo, el municipio contrató una auditoría independiente que estimó la deuda en $345 millones. Finalmente, mediante la resolución 0508/25, emitida recientemente, el directorio del EPRE convalida su decisión anterior y establece que el monto que Caucete le debe a la empresa asciende a $550.162.640, cifra que contempla consumos desde diciembre de 2022 hasta enero de 2025, inclusive.

Según el organismo, la suma final incluye cargos por consumo eléctrico en edificios públicos y alumbrado, recaudación del Cargo Único Municipal y gestión de cobros realizada por la empresa bajo acuerdos anteriores. En los fundamentos, el EPRE afirma que aplicó el principio “in dubio pro usuario” al evaluar la documentación aportada y las auditorías contables, buscando garantizar equidad en la relación entre el municipio y la distribuidora.

La resolución también aprueba los informes “Auditoría Contable de la facturación emitida y recaudación efectuada por DECSA” y “Estimación del Consumo de Lámparas de Alumbrado Público en el Departamento Caucete”. Este último concluye que el parque lumínico de Caucete demanda más de 5,4 millones de kWh anuales. A su vez, el EPRE insta a las partes a establecer un plan de pagos en un plazo de 20 días, con intereses moderados, y advierte que, de no existir acuerdo, la única vía restante será la judicial.

Desde DECSA reiteran que han cumplido con todos los requerimientos del ente regulador y que el pasivo acumulado afecta la operatividad de la firma, que permanece intervenida por el EPRE desde febrero. El interventor, Daniel Castro, sostiene que “los montos reclamados son respaldados por la documentación y por los servicios efectivamente prestados”.

Romina Rosas, al ingresar al recinto, sostiene ante la prensa que “los concejales deben representar a los cauceteros y no a la empresa” y asegura que su administración buscará esclarecer la situación. Asegura también que el municipio no incrementó el pasivo durante su gestión y que ya presentó documentación respaldatoria. Sin embargo, algunos ediles cuestionan la falta de claridad en las cuentas y exigen mayor transparencia en el manejo del alumbrado público y la rendición de los pagos comprometidos.