El gobierno le descontará el día a las personas que hagan paro por Cristina

El Gobierno nacional resolvió descontar la jornada laboral a los empleados públicos que se sumen al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para este miércoles. La medida gremial se enmarca en una movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de su condena por corrupción y la decisión de que cumpla prisión domiciliaria en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

La medida de fuerza fue comunicada por ATE a través de un comunicado en el que expresaron que el paro será "en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial", y contará con una movilización hacia los tribunales federales de Comodoro Py y luego hacia la vivienda de la exmandataria.

Ante este escenario, desde la Casa Rosada informaron que la Dirección de Recursos Humanos instrumentará el descuento salarial a los empleados públicos que falten a sus puestos por motivo de la huelga. Justificaron la decisión en la “obligatoriedad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, especialmente en un contexto de movilizaciones masivas.

El paro afectará a reparticiones nacionales, provinciales y municipales, aunque desde ATE aseguraron que en áreas sensibles como salud y seguridad se mantendrán guardias mínimas. Por su parte, el Ejecutivo nacional solicitó a los responsables de cada dependencia pública que realicen un relevamiento del personal ausente, para aplicar los descuentos correspondientes.

La convocatoria cuenta con el respaldo de otras organizaciones sociales como el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que también confirmaron su presencia en la marcha. El conflicto se enmarca en un contexto de alta tensión política e institucional, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena a Cristina Kirchner por la causa conocida como “Vialidad”.

Desde sectores gremiales advirtieron que la medida del Gobierno constituye un intento de “disciplinamiento”, y remarcaron que el derecho a huelga está garantizado por la Constitución. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que se actuará “según las normas vigentes” para asegurar el normal funcionamiento del Estado.