Diputados del interbloque Cambia San Juan presentaron una serie de pedidos de informe dirigidos al Ejecutivo, con el foco puesto en obras paralizadas, juicios millonarios, subsidios al transporte y otros gastos en áreas clave.
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Una nueva ofensiva legislativa del oficialismo sanjuanino busca revisar en profundidad el uso de recursos estatales durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac. Los diputados del interbloque Cambia San Juan –integrado por Producción y Trabajo, Actuar, PRO y UCR– ingresaron cuatro pedidos de informe al Poder Ejecutivo para obtener precisiones sobre temas sensibles: el acueducto Gran Tulum, demandas judiciales contra la provincia, subsidios al transporte y la pauta oficial distribuida entre 2020 y 2023.
Los textos llevan las firmas de los legisladores Juan de la Cruz Córdoba, María Rita Lascano, Marcela Quiroga, Alejandra Leonardo, Andrés Castro, Enzo Cornejo, Mónica González, Carlos Jaime, Rosana Luque, Gustavo Núñez, Daniel Ripoll y Gustavo Usín.
Uno de los ejes principales es la obra del acueducto Gran Tulum, un proyecto hídrico clave para la provisión de agua potable en el Gran San Juan. Según detalló Enzo Cornejo, el expediente busca conocer el verdadero estado de avance, el origen y destino de los fondos, posibles sobreprecios y detalles sobre las empresas contratadas. “Es una obra hídrica fundamental para más de 400.000 sanjuaninos y hoy no se sabe con precisión grado de avance, financiamiento real, si hubo sobreprecios”, remarcó el diputado.
Otro de los documentos apunta a las demandas judiciales iniciadas contra el Estado sanjuanino. “Son cientos de juicios activos por montos millonarios. Queremos prevenir que errores administrativos generen más pérdida para el pueblo y eso se traduzca en menos escuelas, menos hospitales”, añadió Cornejo.
En relación al transporte público, el pedido se enfoca en el manejo de subsidios a empresas prestatarias. Según los legisladores, el servicio es deficiente pese a los millonarios fondos transferidos. Por eso, solicitan información detallada sobre mecanismos de control, sanciones aplicadas y criterios de distribución.
El cuarto pedido aborda el gasto en publicidad oficial. “En 2023 se gastaron más de 800 millones en pauta, pero no hay informes públicos sobre los destinatarios ni criterios utilizados en la contratación”, advirtió Cornejo.
Gustavo Usín, por su parte, señaló que “es una serie de pedidos de informes que lo que busca es revisar el uso de los fondos públicos en un periodo determinado, que es del 2020 al 2023, apuntado sobre todo al tema de salud y del Ministerio de Familia sobre financiamiento de medicamentos y una serie de juicios que hay en esa situación”. También hizo hincapié en el caso del acueducto: “Pedimos que detallen montos, dictámenes legales, criterios para la adjudicación, quiénes han sido los adjudicatarios, informes técnicos y toda la documentación de respaldo”.
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Desde el bloque oficialista destacaron que esta iniciativa responde al compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego, quien al asumir su mandato en diciembre de 2023 prometió auditar el estado financiero de la provincia. “Esto viene concatenado desde cuando anuncia Marcelo Orrego en su asunción que prometió auditar el estado financiero con el que se encontraba la provincia”, reforzó Usín.
Juan de la Cruz Córdoba explicó que la iniciativa surgió a partir de investigaciones periodísticas: “Inicialmente fue por cosas que ustedes mismos han publicado. Recabamos información, analizamos y decidimos presentar estos informes en la Cámara. Queremos saber qué pasó con obras como el acueducto, si se usaron materiales adecuados, si los procedimientos fueron los correctos”.
En ese sentido, el legislador recalcó que no se trata de entorpecer, sino de cumplir con una de las funciones centrales del Poder Legislativo: controlar. “Estamos pidiéndole a los ministerios que informen a todos los diputados, representantes del pueblo, qué pasó con estos temas”, concluyó.
Con estos pedidos de comunicación, los diputados oficialistas buscan clarificar, por ejemplo, la contratación directa de empresas sin antecedentes comprobables, así como inconsistencias en la asignación de recursos públicos. La intención, explican, es garantizar transparencia en un contexto donde las exigencias sociales y el uso responsable del presupuesto resultan prioritarios.
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Diputados del interbloque Cambia San Juan presentaron pedidos de informe para revisar el uso de fondos públicos entre 2020 y 2023, con foco en obras, salud pública y juicios contra el Estado.
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