La provincia habilita a las fuerzas de seguridad a intervenir sin orden judicial en caso de interrupción del tránsito. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, fue categórico: “No vamos a permitir más cortes en San Juan”
Diario Móvil
Tras las manifestaciones registradas esta semana, el Gobierno provincial activó formalmente el protocolo antipiquetes aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante la Resolución 943/2023. En San Juan, la implementación fue confirmada por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien en declaraciones radiales afirmó que el nuevo esquema “ya está en marcha” y que, a partir de ahora, las protestas deberán respetar normas específicas. “No vamos a permitir más cortes en San Juan”, advirtió.
Delgado indicó que las fuerzas de seguridad tienen instrucciones para actuar en casos de bloqueos totales de la calzada, que desde ahora serán considerados delitos flagrantes y habilitarán la intervención policial sin necesidad de orden judicial previa. Aclaró además que no se descartan denuncias penales por el corte ocurrido el martes en el microcentro y recalcó que el Gobierno “sigue abierto al diálogo”, aunque con límites. “Queremos garantizar el derecho a protestar, pero sin afectar a miles de personas que no tienen nada que ver con el conflicto”, señaló.
La resolución del Ministerio de Seguridad nacional establece un marco claro para la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales ante “cortes parciales o totales de rutas, calles o cualquier vía de circulación” y permite actuar incluso en territorios provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires en los términos de la Ley de Seguridad Interior.
Qué establece el protocolo
El texto instruye a las fuerzas a intervenir ante cualquier impedimento al tránsito, aun sin orden judicial, cuando se verifique una situación de flagrancia. Se consideran infracciones tanto los cortes totales como parciales que reduzcan el ancho de calles, rutas o avenidas, o impidan el acceso a edificios públicos o privados, sin importar si existen rutas alternativas.
La acción policial deberá orientarse a “despejar los accesos y dejar completamente liberadas las vías de comunicación”, utilizando únicamente la mínima fuerza necesaria, y con especial cuidado en caso de presencia de niños, embarazadas o ancianos. También se autoriza la utilización de armas no letales y se exige la identificación de los participantes, incluyendo líderes, organizadores, y vehículos implicados.
Se prevé además la creación de un registro oficial de organizaciones que participen de estos hechos, sin revelar nombres personales hasta que exista resolución judicial. En casos donde se determine daño ambiental, presencia de menores o participación de extranjeros con residencia provisoria, se habilita la notificación a las autoridades pertinentes, incluyendo la Dirección Nacional de Migraciones.
El Ministerio de Seguridad también podrá iniciar acciones judiciales para recuperar los costos operativos de los procedimientos, y facilitar que entidades damnificadas reclamen por daños ocasionados.
Aplicación en San Juan
La manifestación del martes, en la que se bloquearon calles céntricas, instaló el tema en la opinión pública. Según explicó Delgado, a partir de ahora los manifestantes deberán ocupar solo media calzada o mantenerse en la vereda para evitar infringir la norma.
La postura del Gobierno provincial se alinea con los lineamientos nacionales y refuerza la intención del gobernador Marcelo Orrego de mantener el orden público y garantizar el derecho a circular, eje que también fue subrayado por el mandatario en varias de sus apariciones públicas recientes.
¿Qué puede pasar ahora?
El anuncio de la activación del protocolo implica un cambio significativo en la forma de gestionar el conflicto en la vía pública. Aunque las autoridades aseguraron que seguirán abiertas al diálogo, la judicialización de los cortes ya es una posibilidad concreta, así como el endurecimiento de los controles en futuras movilizaciones.
Desde el Gobierno provincial también se indicó que en caso de nuevos episodios, se avanzará en la identificación de responsables y posibles sanciones, tanto penales como administrativas, en el marco de lo que permite la resolución 943.
De este modo, San Juan se suma a las jurisdicciones que buscan equilibrar el ejercicio del derecho a manifestarse con el resguardo de otros derechos como la libre circulación, en un escenario de creciente conflictividad social.
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