Con miras a comenzar la producción de oro antes de fin de año, la empresa australiana inició el proceso de contratación para cubrir distintos puestos técnicos y operativos.
Límite del derecho a huelga: cómo impacta el DNU de Milei en los gremios sanjuaninos
Con la publicación del DNU 340/2025, el Gobierno nacional fijó nuevas pautas para los gremios que representan a sectores estratégicos. En San Juan, la Subsecretaría de Trabajo explicó cómo se aplicará.
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El Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, emitido esta semana por el Poder Ejecutivo nacional, introduce modificaciones al régimen legal de las medidas de fuerza en servicios considerados esenciales. A partir de esta normativa, sectores como el transporte público de pasajeros y la educación deberán garantizar una prestación mínima durante cualquier paro. Según lo dispuesto, el funcionamiento deberá mantenerse en un 50% como mínimo para algunos rubros y en un 75% para los de mayor impacto, entre ellos el transporte y los servicios educativos.
Franco Marchese, subsecretario de Trabajo de la Nación, brindó precisiones sobre la aplicación del nuevo esquema en declaraciones radiales. Explicó que los gremios deberán notificar con 24 horas de anticipación cualquier medida de fuerza, además de presentar un plan que detalle cómo se cumplirá la cobertura mínima. “En el caso del transporte, al ser un servicio esencial, debe asegurarse un 75% de su funcionamiento. Lo mismo aplica a los gremios docentes”, indicó el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento.
El decreto también exige que se informe previamente cómo se organizará el servicio durante el período de huelga. Marchese aclaró que estas medidas tienen alcance nacional y se aplicarán en todos los distritos. “Los sindicatos deben presentar un plan de contingencia que detalle cómo garantizarán ese porcentaje de cobertura”, dijo.
El subsecretario anticipó que es probable que la norma sea objeto de litigios judiciales por parte de algunos gremios. “Seguramente se discuta su aplicación en la Justicia, y es posible que se presenten recursos para suspenderla en forma provisoria”, afirmó. Aun así, sostuvo que la normativa ya está vigente y deberá cumplirse mientras no sea revocada.
En relación a la legalidad del instrumento elegido por el Ejecutivo, Marchese consideró que lo más adecuado sería que esta regulación se estableciera mediante una ley, pero remarcó que el decreto avanza en un sentido que considera necesario. “Sería mejor que se sancione una ley, así se termina cualquier tipo de presunción o debate jurídico”, expresó.
La disposición abarca servicios considerados críticos y apunta a que continúen funcionando durante conflictos laborales. En el caso de San Juan, gremios como UDAP, UDA y AMET, junto con el sistema de transporte público, deberán adecuarse a las nuevas exigencias mientras se evalúan posibles planteos legales.
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