Más del 50% de los beneficiarios citados para validar su Certificado Único por Discapacidad no se presentaron. En Formosa, el 7% de la población contaba con una pensión.
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La imagen que mostró el vocero presidencial, Manuel Adorni, con la radiografía de un perro usada como “prueba médica” para acceder a una pensión por discapacidad, no fue solo un golpe de efecto en conferencia de prensa: fue la puerta de entrada a una trama de irregularidades que el Gobierno ahora busca desactivar.
Desde que en julio de 2024 la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, ordenó una auditoría masiva, comenzaron a salir a la luz fraudes de todo tipo: personas fallecidas que seguían cobrando, presos con tobillera electrónica que accedían al beneficio, y hasta una mujer que se disfrazó de su marido muerto para conservar la pensión. Todo enmarcado en lo que el oficialismo denuncia como un "esquema de corrupción" con un desvío estimado en 3.400 millones de dólares.
El operativo de depuración —que ya incluye 470 mil cartas documento enviadas y más de 83 mil entrevistas médicas— reveló que más de 220 mil beneficiarios podrían ser dados de baja. Los motivos van desde diagnósticos médicos falsificados, como un supuesto cáncer de mama o una amputación inexistente, hasta complicidades de médicos, funcionarios y punteros que operaban como gestores del fraude.
En Chaco, por ejemplo, se detectó que dos de cada tres pensiones eran irregulares. Y en Formosa, el 7% de la población accedía al beneficio, triplicando el promedio nacional. En algunos pueblos, como Misión Laishi, el número trepa al 18%.
El Gobierno ya radicó una denuncia penal, bajo investigación del fiscal Guillermo Marijuan, y sigue sumando casos a una causa que crece día a día. “Lo más grave —advierten desde Salud— no es solo el monto de los fondos desviados, sino que detrás de cada fraude, hubo alguien que realmente necesitaba la ayuda y no la recibió”.
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