El Gobierno acelera el envío del proyecto para considerar a los barras como organizaciones criminales

El Gobierno acelera el envío de la Ley Anti-barras bravas al Congreso tras los incidentes. Se trata de una de las medidas que busca impulsar el Ejecutivo luego del enfrentamiento del miércoles entre las cuatro fuerzas federales y manifestantes en la marcha de los jubilados. “La ley ya está lista para salir”, expresan en Nación.

Según pudo saber TN, el proyecto ya está en la secretaría de Legal y Técnica -que preside Javier Herrera Bravo- desde diciembre y fue impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Incluye la tipificación de las barras bravas como organizaciones criminales junto con medidas contra los dirigentes de clubes que colaboren con estas.

El texto busca enmarcar las actividades de sus integrantes como delitos de asociación ilítica y abarca penas de dos a cuatro años de prisión para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo. Contempla además sanciones de hasta seis años de prisión para autoridades de clubes que entreguen entradas a las barras.

La iniciativa apunta a desarticular también los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por trapitos en las inmediaciones de los estadios. En Nación sostienen que buscan cortar las fuentes de financiamiento de las barras.

El Gobierno busca endurecer el régimen de inhabilitación administrativa, que habilita a las autoridades a impedir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos. Forma parte de las sanciones que busca aplicar el oficialismo con los manifestantes detenidos tras la marcha del miércoles.

Es por eso que el Ministerio de Seguridad está investigando los antecedentes y las vinculaciones de los detenidos por las fuerzas federales para determinar si tienen una relación directa con las barras de los clubes. “También estamos revisando las cámaras. Aproximadamente hay 70 más los detenidos por la Policía de la Ciudad”, expresan en Nación.

Bullrich fue respaldada internamente en la Casa Rosada tras los cuestionamientos públicos por el accionar de las fuerzas de seguridad en el Congreso. “No nos llamó la atención la forma en la que actuó. Es justamente lo que esperábamos de ella ante una marcha política que buscó desestabilizar la gestión”, agregan en el oficialismo.

La Casa Rosada confirma además que incluirá documentación sobre supuestas concentraciones previas a la marcha en los municipios de los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Fernando Espinoza (La Matanza) en la denuncia penal que prepara junto a las autoridades de la Ciudad. Apuntan también contra la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos.