Tony Janzen Valverde Victoriano, principal sospechoso de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, estará con prisión preventiva por nueve meses con fines de extradición pasiva.
Se cumplen 20 años de la explosión de Río Tercero
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Río Tercero
La explosión de la fábrica militar dejó siete muertos, 300 heridos y decenas de casas destruidas. La Justicia determinó que fue un hecho intencional, pero sólo fueron condenados mandos medios. Aún no hay aún responsables políticos.
"¡Fuego, fuego, fuego!", gritó Emilio Ostera el 3 de noviembre de 1995, a las 8.55. Vio salir una llama de uno de los tambores de trotyl en la planta de cargas de la Fábrica Militar de Río Tercero. En segundos se produjeron dos explosiones. A las 9.07 hubo 18 estallidos más que volaron los depósitos de expedición y suministros. La ciudad se transformó en un cementerio de esquirlas, siete civiles murieron, hubo unos 300 heridos y decenas de casas fueron destruidas.
La Justicia determinó que fue un atentado organizado para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, uno de los mayores escándalos de la era menemista. Entre los condenados por el Tribunal Federal Oral N° 2 de Córdoba no están los responsables políticos, sino sólo mandos medios. Para algunos referentes, la causa podría equipararse a la de la embajada de Israel y a la de la AMIA.
En su casa de Río Tercero, Ostera dice que "ni por un segundo" pensó que se tratara de un accidente: "Era imposible; en esa zona estaba todo limpio. De la gravedad me di cuenta aun herido como estaba; fue un hecho con suerte, podría haber volado la ciudad".
La mayoría, al comienzo, les creyó. Entre ellos la vecina y abogada Ana Gritti, única querellante en la causa. A los días empezó a sospechar. Con su convencimiento y persistencia impidió la impunidad.
Por las explosiones, que parecía que no terminarían nunca, murió su esposo, Hoder Dalmasso, profesor de química en la ENET N° 1, muy cerca de la fábrica. Con otros docentes evacuó a los alumnos, fue el último en salir y no sobrevivió a un infarto. Durante ocho años, Gritti luchó en soledad. Algunos le aportaban datos, le hacían llegar testimonios. Planteó que el trotyl no ardía, que no explotaba sin un detonador. A tres años del estallido, se hizo un peritaje en el polígono de Serrezuela.
Los militares llevaron un barril de trotyl para arrojarle un cigarrillo; su explosión probaría el accidente en la fábrica. Omar Gaviglio, quien era jefe de cargas y operaciones, alertó con su perito que habían agregado aluminio para que ardiera. Lograron aplazar la prueba. En 2003, treinta peritajes demostraron que la voladura había sido intencional.
Gritti murió en 2001 sin conocer el fallo de la Justicia que afirma el "pleno convencimiento de que se trató de un atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado para lograr el ocultamiento de pruebas sobre el contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices".
Los directivos de Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega y Carlos Franke fueron condenados a 13 años de prisión, igual que Jorge Antonio Cornejo Torino, director de la fábrica, y Marcelo Gatto, quien recibió una condena de diez años. El delito fue "estrago doloso agravado por la muerte de personas". Los tres primeros ya tenían condena en la causa armas.
Las penas fueron casadas. Uno de los abogados querellantes, Ahuka Barbero, afirma a LA NACION que no cree que haya cambios porque "están bien fundadas"; siguen trabajando junto a Horacio Viqueira para que Menem y Balza "vuelvan a ser juzgados".
En febrero de 2014, por mayoría, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba sobreseyó al ex presidente y al ex militar. A Gaviglio, cuya participación en la causa fue decisiva, esa resolución le deja "pesimismo, porque si bien hubo condenas y sabemos de qué manera se produjeron las explosiones, nos quedamos sin conocer quiénes más intervinieron". Apunta que hay un "oscurantismo diluido en cuatro militares sin llegar a la responsabilidad final. Es similar a la AMIA y a la embajada de Israel".
Contexto mentiroso
Para el juez José Pérez Villalobo, integrante del tribunal que condenó a los militares, "hay que buscar las responsabilidades más arriba, en el Poder Ejecutivo". Sostiene que de la causa Río Tercero surge que los decretos de venta de armas están "vinculados en un contexto mentiroso, todo enmarcando una maniobra de estafa al Estado" a la vez que "queda claro que hubo un guiño implícito de Estados Unidos para que se pudiera hacer la operación, si no no se explicaría cómo los barcos llegaron a Croacia atravesando la flota estadounidense".
Gaviglio reitera que testimonió ante la Justicia que los proyectiles de fragmentación salían de la fábrica pintados con los colores de la OTAN, todos verdes con inscripciones en amarillo y sin lugar de origen. Insiste en que nunca se aclaró quién era la "visita muy importante" que se esperaba para ese 11 de noviembre para el que las autoridades querían la planta "limpia y en marcha".
"Las penas son relativamente satisfactorias -indica Viqueira-. El delito es muy grave y los responsables finales tienen que estar." Menciona no sólo a Menem y Balza, sino también a quienes ya murieron, como Camilión y el ex interventor de Fabricaciones Militares general de Brigada Juan Carlos Andreoli, muerto en 1996 al estrellarse un helicóptero militar en Palermo.
Destaca que Balza fue "hábil; no firmó nunca nada; trató de justificar la entrega de materiales con convenios sin firmarlos. Por eso quedó fuera de la causa armas y lo sobreseyeron en la de Río Tercero". Sobre Menem, ratifica que suscribió decretos ideológicamente falsos y que tuvo una actuación "muy personal" en el tráfico. "Hubo muchísimas complicidades", advierte.
Tristán Gavier, defensor de Gatto y Cornejo Torino, insiste en que "no hay pruebas directas ni indirectas ni indicios" que señalen a sus clientes como "culpables dolosos". Cuestiona el peritaje de explosivos y, además del recurso de casación, interpuso un planteo sobre la "duración razonable del proceso", en referencia a que a 19 años del hecho "no se puede dar una condena".
Entre las impulsoras de las marchas en reclamo de justicia estuvo Nélida de Ferreyra. Su esposo, hoy jubilado, trabajaba en el área química de la fábrica. El 3 ni ellos ni sus hijos estaban en su casa, a tres cuadras de la explosión. El 24, cuando fueron los segundos estallidos, estaban cambiando los vidrios rotos. "Lo recuerdo y me sigue causando la misma sensación de pánico, de terror", comenta.
Cuenta que a su marido no le cerraba la idea del accidente: "Vivíamos en el estupor, no sólo porque un hecho así no se espera, sino porque no se explicaba".
El pago de las indemnizaciones
Hasta ahora el Estado pagó sólo las indemnizaciones por roturas o pérdidas provocadas por la caída de los proyectiles y las explosiones. En octubre promulgó la ley que establece indemnizaciones para quienes habían iniciado demandas por los daños y perjuicios de la voladura. Se cancelarán a través de bonos. Para cobrarlas, se debe desistir de toda acción judicial. El monto a pagar rondaría los $ 220 millones, según estimaciones del propio Estado.
Fuente: La Nación.-
"¡Fuego, fuego, fuego!", gritó Emilio Ostera el 3 de noviembre de 1995, a las 8.55. Vio salir una llama de uno de los tambores de trotyl en la planta de cargas de la Fábrica Militar de Río Tercero. En segundos se produjeron dos explosiones. A las 9.07 hubo 18 estallidos más que volaron los depósitos de expedición y suministros. La ciudad se transformó en un cementerio de esquirlas, siete civiles murieron, hubo unos 300 heridos y decenas de casas fueron destruidas.
La Justicia determinó que fue un atentado organizado para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, uno de los mayores escándalos de la era menemista. Entre los condenados por el Tribunal Federal Oral N° 2 de Córdoba no están los responsables políticos, sino sólo mandos medios. Para algunos referentes, la causa podría equipararse a la de la embajada de Israel y a la de la AMIA.
En su casa de Río Tercero, Ostera dice que "ni por un segundo" pensó que se tratara de un accidente: "Era imposible; en esa zona estaba todo limpio. De la gravedad me di cuenta aun herido como estaba; fue un hecho con suerte, podría haber volado la ciudad".
En medio de la devastación, el entonces presidente Carlos Menem aseguró lo del accidente. Lo secundaron su ministro de Defensa, Oscar Camilión, y el entonces jefe del Ejército, Martín Balza.
La mayoría, al comienzo, les creyó. Entre ellos la vecina y abogada Ana Gritti, única querellante en la causa. A los días empezó a sospechar. Con su convencimiento y persistencia impidió la impunidad.
Por las explosiones, que parecía que no terminarían nunca, murió su esposo, Hoder Dalmasso, profesor de química en la ENET N° 1, muy cerca de la fábrica. Con otros docentes evacuó a los alumnos, fue el último en salir y no sobrevivió a un infarto. Durante ocho años, Gritti luchó en soledad. Algunos le aportaban datos, le hacían llegar testimonios. Planteó que el trotyl no ardía, que no explotaba sin un detonador. A tres años del estallido, se hizo un peritaje en el polígono de Serrezuela.
Los militares llevaron un barril de trotyl para arrojarle un cigarrillo; su explosión probaría el accidente en la fábrica. Omar Gaviglio, quien era jefe de cargas y operaciones, alertó con su perito que habían agregado aluminio para que ardiera. Lograron aplazar la prueba. En 2003, treinta peritajes demostraron que la voladura había sido intencional.
Gritti murió en 2001 sin conocer el fallo de la Justicia que afirma el "pleno convencimiento de que se trató de un atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado para lograr el ocultamiento de pruebas sobre el contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices".
Los directivos de Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega y Carlos Franke fueron condenados a 13 años de prisión, igual que Jorge Antonio Cornejo Torino, director de la fábrica, y Marcelo Gatto, quien recibió una condena de diez años. El delito fue "estrago doloso agravado por la muerte de personas". Los tres primeros ya tenían condena en la causa armas.
Las penas fueron casadas. Uno de los abogados querellantes, Ahuka Barbero, afirma a LA NACION que no cree que haya cambios porque "están bien fundadas"; siguen trabajando junto a Horacio Viqueira para que Menem y Balza "vuelvan a ser juzgados".
En febrero de 2014, por mayoría, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba sobreseyó al ex presidente y al ex militar. A Gaviglio, cuya participación en la causa fue decisiva, esa resolución le deja "pesimismo, porque si bien hubo condenas y sabemos de qué manera se produjeron las explosiones, nos quedamos sin conocer quiénes más intervinieron". Apunta que hay un "oscurantismo diluido en cuatro militares sin llegar a la responsabilidad final. Es similar a la AMIA y a la embajada de Israel".
Lamenta que las explosiones hoy sean una "suerte de anécdota dolorosa que creó una sociedad más ensimismada".
Contexto mentiroso
Para el juez José Pérez Villalobo, integrante del tribunal que condenó a los militares, "hay que buscar las responsabilidades más arriba, en el Poder Ejecutivo". Sostiene que de la causa Río Tercero surge que los decretos de venta de armas están "vinculados en un contexto mentiroso, todo enmarcando una maniobra de estafa al Estado" a la vez que "queda claro que hubo un guiño implícito de Estados Unidos para que se pudiera hacer la operación, si no no se explicaría cómo los barcos llegaron a Croacia atravesando la flota estadounidense".
Gaviglio reitera que testimonió ante la Justicia que los proyectiles de fragmentación salían de la fábrica pintados con los colores de la OTAN, todos verdes con inscripciones en amarillo y sin lugar de origen. Insiste en que nunca se aclaró quién era la "visita muy importante" que se esperaba para ese 11 de noviembre para el que las autoridades querían la planta "limpia y en marcha".
"Las penas son relativamente satisfactorias -indica Viqueira-. El delito es muy grave y los responsables finales tienen que estar." Menciona no sólo a Menem y Balza, sino también a quienes ya murieron, como Camilión y el ex interventor de Fabricaciones Militares general de Brigada Juan Carlos Andreoli, muerto en 1996 al estrellarse un helicóptero militar en Palermo.
Destaca que Balza fue "hábil; no firmó nunca nada; trató de justificar la entrega de materiales con convenios sin firmarlos. Por eso quedó fuera de la causa armas y lo sobreseyeron en la de Río Tercero". Sobre Menem, ratifica que suscribió decretos ideológicamente falsos y que tuvo una actuación "muy personal" en el tráfico. "Hubo muchísimas complicidades", advierte.
Tristán Gavier, defensor de Gatto y Cornejo Torino, insiste en que "no hay pruebas directas ni indirectas ni indicios" que señalen a sus clientes como "culpables dolosos". Cuestiona el peritaje de explosivos y, además del recurso de casación, interpuso un planteo sobre la "duración razonable del proceso", en referencia a que a 19 años del hecho "no se puede dar una condena".
Apunta que los familiares de los condenados estaban en las viviendas del barrio militar pegado a la fábrica, por lo que es "impensable" que pudieran haber organizado o avalado el atentado.
Entre las impulsoras de las marchas en reclamo de justicia estuvo Nélida de Ferreyra. Su esposo, hoy jubilado, trabajaba en el área química de la fábrica. El 3 ni ellos ni sus hijos estaban en su casa, a tres cuadras de la explosión. El 24, cuando fueron los segundos estallidos, estaban cambiando los vidrios rotos. "Lo recuerdo y me sigue causando la misma sensación de pánico, de terror", comenta.
Cuenta que a su marido no le cerraba la idea del accidente: "Vivíamos en el estupor, no sólo porque un hecho así no se espera, sino porque no se explicaba".
El pago de las indemnizaciones
Hasta ahora el Estado pagó sólo las indemnizaciones por roturas o pérdidas provocadas por la caída de los proyectiles y las explosiones. En octubre promulgó la ley que establece indemnizaciones para quienes habían iniciado demandas por los daños y perjuicios de la voladura. Se cancelarán a través de bonos. Para cobrarlas, se debe desistir de toda acción judicial. El monto a pagar rondaría los $ 220 millones, según estimaciones del propio Estado.
Fuente: La Nación.-
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