Recrudece la grieta española por la independencia de Cataluña

Dos partidos pedirán al gobierno catalán que abra "el proceso de creación de un Estado". 

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Todas las alarmas de un temblor institucional de primer orden se encendieron ayer en España cuando los partidos separatistas de Cataluña anunciaron un pacto para proclamar la plena soberanía del Parlamento regional y el inicio de un proceso constituyente que concluya en la fundación de una república independiente.

La coalición Junts pel Sí y el movimiento antisistema Candidatura d'Unitat Popular (CUP) -que sumados superan la mayoría de bancas- acordaron votar la semana próxima una declaración que desconoce la autoridad de los tribunales españoles y ordena al gobierno catalán tomar las medidas necesarias para alcanzar la secesión.

Urgido por el desafío, el presidente de España, Mariano Rajoy, advirtió en un inusual discurso televisado que defenderá la unidad del país "con firmeza, determinación y todos los instrumentos de la ley". Y añadió: "Quienes quieran separar y dividir a Cataluña de España deben saber que no lo van a lograr". Rajoy precisó que impugnará la moción soberanista ante el Tribunal Constitucional, al que su gobierno dotó de facultades para suspender de manera inmediata a autoridades autonómicas que incumpliesen de manera flagrante con sus funciones.

Antes de leer la declaración, el presidente se la anticipó por teléfono al líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez. También habló con Albert Rivera, jefe de Ciudadanos, la principal fuerza no separatista de Cataluña.

Quedaron en abrir una línea de "diálogo permanente" para resistir lo que interpretaron como un "pulso antidemocrático".

El respaldo a Rajoy de sus rivales Sánchez y Rivera, en medio de la tensa campaña de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, retrata el nivel de preocupación por la rebelión en marcha en la comunidad más rica de España. Aunque no lo dijo con todas las letras, el gobierno analiza incluso ejecutar el artículo 155 de la Constitución, que lo habilita a intervenir la autonomía de una región. Los separatistas se anticiparon a la reacción de la Moncloa y dijeron que no acatarán ninguna directiva emanada por otra autoridad que no sea el Poder Legislativo de Cataluña.

Así lo dice el texto de la moción presentada ayer: "Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular al Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia".

Raül Romeva, diputado de Junts pel Sí, insistió al explicar el contenido del pacto: "Tenemos un mandato legal otorgado por el pueblo catalán que nos ampara a cumplir con este programa y a construir uno a uno actos de soberanía plena". Ese "mandato", según su visión, se lo da el resultado de las elecciones del 27 de septiembre pasado. Junts pel Sí y la CUP obtuvieron entre los dos la mayoría de bancas, aunque la suma de sus votos se quedó en el 47%.

El proyecto que se tratará en la próxima sesión legislativa proclama la apertura de un "proceso de creación de un Estado catalán en forma de república" y ordena al gobierno regional presentar en un plazo de 30 días leyes para construir agencias tributarias y de seguridad social propias.

El texto sólo indica que se invitará a España y a la Unión Europea a discutir los términos de la separación. El presidente catalán, Artur Mas, espera con esta jugada convencer a los independentistas antisistema que le den su apoyo para seguir en el poder. La CUP, que lo vetó desde un principio, exigía "medidas concretas de desobediencia" a la legalidad española. Los tironeos continúan mientras se acerca la fecha del debate de investidura, previsto para el 9 de noviembre.

El nuevo Parlamento quedó bajo la presidencia de Carme Forcadell, la principal activista social del independentismo, responsable de las manifestaciones multitudinarias de los últimos cuatro años. "¡Viva la república catalana!", gritó anteayer al cerrar su discurso inaugural.

Ya ni plantea la posibilidad de acordar con Madrid un referéndum sobre la independencia. Lo da por ganado con los comicios del 27 de septiembre.

Entre quienes apoyaron su designación hubo cuatro diputados que entraron en la lista de los indignados de Podemos. Mas cree posible encontrar en ellos los votos que le faltan para su reelección. Tal vez por eso Rajoy excluyó al líder nacional y candidato a presidente de Podemos, Pablo Iglesias, de la ronda institucional de diálogo para formar un bloque de defensa de la unidad española.

El impactante anuncio de los separatistas coincidió con un día de movimientos espectaculares en las calles de Barcelona: unos 250 policías allanaron decenas de propiedades de Jordi Pujol, ex presidente regional y patriarca del nacionalismo catalán, como parte de una investigación que ya lleva tres años sobre presunta corrupción de él y de sus hijos.

Pujol, de 85 años, es el fundador de Convergència, el partido que hoy lidera Mas y que está bajo sospecha por el supuesto cobro sistemático de comisiones del 3% a los adjudicatarios de obra pública. En Junts pel Sí ligan las causas judiciales con una maniobra de la Moncloa por minar la credibilidad del proceso separatista.

 

Fuente: La Nación.-