Amplían el pedido de juicio político contra cortistas, en específico contra Marcelo Lima: detalles

El empresario y dirigente liberal Sergio Vallejos amplió su pedido de juicio político contra Marcelo Lima, miembro de la Corte de Justicia de San Juan, a quien señala por presuntas irregularidades e incompatibilidades en el ejercicio de su función. La ampliación de la denuncia fue presentada este lunes en la Cámara de Diputados de San Juan, donde Vallejos reiteró su pedido de juicio político y la destitución del magistrado.

La acusación se centra en que Lima, ex vicegobernador peronista y escribano, no habría renunciado a su titularidad en el Registro Notarial número 22 al asumir como miembro de la Corte. Según Vallejos, este hecho representa una clara violación de la normativa vigente, que establece restricciones estrictas para quienes ocupan el máximo órgano judicial de la provincia. "La ley es clara: él no puede ejercer como escribano mientras es cortista", aseguró Vallejos, quien también indicó que Lima estaría reteniendo ilegalmente el título de notario.

La denuncia subraya que, a diferencia del cargo de vicegobernador, en el cual se permite una licencia temporal para desempeñar funciones privadas, en el rol de magistrado de la Corte no existe tal posibilidad. “El cargo de cortista es perpetuo, es de por vida. Por lo tanto, no debería seguir reteniendo el título”, enfatizó Vallejos en declaraciones a Radio Sarmiento.

Para Vallejos, la presunta incompatibilidad no solo vulnera normas de ética, sino que constituye una transgresión a la Constitución Provincial. “Este tipo de actitudes violan reiteradamente la Constitución de San Juan y demuestran una falta de respeto a la ley por parte de quienes deberían ser sus máximos defensores”, expresó.

En esta jornada, Vallejos presentó documentos en la Legislatura sanjuanina que, según afirmó, demuestran las presuntas irregularidades y refuerzan la solicitud para que la Comisión Investigadora avance en el proceso de juicio político. El objetivo del excandidato es que el Poder Legislativo evalúe los elementos aportados y proceda con el pedido de destitución, para garantizar la integridad institucional y el respeto al marco jurídico provincial.