El abogado sanjuanino acusado de TRATA sigue complicado y permanecerá en el Penal

El reconocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, enfrenta un nuevo revés judicial en la causa que lo mantiene en prisión junto a otros dos imputados por presunta trata de personas y explotación sexual. La Cámara de Apelaciones de Mendoza, integrada por los jueces Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, rechazó en los últimos días un pedido de excarcelación presentado por la defensa. Este fallo mantiene a De la Fuente, al colombiano Jhon Sebastián Quevedo Medina y al venezolano Wuillder Gehys Nazareth Rodríguez Martínez detenidos mientras continúa la investigación.

El caso, que ganó notoriedad por la gravedad de las acusaciones, involucra la presunta explotación sexual de al menos 21 mujeres a través de sitios de internet dedicados a la venta de servicios sexuales virtuales. Según fuentes judiciales, la actividad delictiva comenzó en octubre de 2023 y se extendió hasta los primeros días de julio de 2024.

En agosto pasado, el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó el procesamiento con prisión preventiva de los tres acusados, a pedido de los fiscales Francisco Maldonado, Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, co-titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Un informe preliminar de este organismo resultó clave para reactivar la causa, que había sido archivada en marzo de 2022 por la justicia provincial de San Juan.

La defensa de los imputados apeló el procesamiento ante el tribunal mendocino con el objetivo de lograr la excarcelación y desacreditar los vínculos de sus clientes con los delitos que se les imputan. Sin embargo, el tribunal ratificó la decisión de mantenerlos detenidos, considerando los riesgos de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación. Dos de los acusados son extranjeros y, de ser condenados, podrían enfrentar penas de prisión efectiva. Además, Fiscalía sostiene que los imputados podrían influir en las víctimas, mujeres que fueron captadas bajo la falsa promesa de trabajo de modelaje, pero que terminaron siendo explotadas sexualmente.

Según la investigación, el negocio de "streaming erótico" operaba bajo la fachada de la empresa ‘Belle Argentina’, donde las víctimas, en situación de vulnerabilidad, eran persuadidas para participar en transmisiones de contenido erótico. El esquema incluía la utilización de una casa alquilada en la calle Güemes al 4 Sur, en Capital, desde donde se producían los videos. Las mujeres recibían una promesa de dividir las ganancias, cobrando en dólares por minuto de transmisión en salas privadas. Sin embargo, esos ingresos eran reducidos por una serie de descuentos, entre ellos multas, consumos en un ‘drugstore’ operado por Quevedo Medina, y la compra de juguetes sexuales.

Además, las víctimas eran presionadas para alquilar departamentos en Libertador al 366 Este, también propiedad de los acusados, lo que generaba sospechas de que el lugar también servía para facilitar la prostitución de las mujeres explotadas.