
Con miras a comenzar la producción de oro antes de fin de año, la empresa australiana inició el proceso de contratación para cubrir distintos puestos técnicos y operativos.
Cabe destacar que desde el Ejecutivo proponen bajar la edad de imputabilidad hasta los 13 años.
En un reciente artículo de opinión, monseñor Jorge Lozano, máxima autoridad de la Iglesia en San Juan, expresó su preocupación por el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo nacional que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años. Según Lozano, la desigualdad social comienza desde el nacimiento, y muchos niños ya cargan con el estigma de la pobreza desde sus primeros días de vida.
El arzobispo destacó que el enfoque legislativo debería considerar una gama más amplia de factores que afectan a los menores implicados en delitos. En lugar de centrarse únicamente en cómo sancionar a los menores infractores, Lozano sugiere que es esencial investigar las causas subyacentes de la criminalidad juvenil y buscar formas de prevenirla. Subrayó la importancia de mantener a los niños y adolescentes en el sistema educativo y ofrecerles oportunidades que les permitan aspirar a un futuro diferente, en lugar de recurrir a actividades delictivas como el narcotráfico o el robo.
“Es importante a la hora de legislar contemplar todas las situaciones en cuanto a los menores vinculados al delito. Analizar cuáles son las causas para no solo ver como apagamos el incendio, sino también cómo hacemos para que no se encienda y esto tiene que ver con la igualdad de oportunidades con las posibilidades de que niños y adolescentes no abandonen ni sean expulsados del sistema educativo, que sus anhelos de vida no pase por comprar ropa de marca y para eso tener que delinquir o vender droga, vincularse en el narcomenudeo”, expuso.
Además, Lozano hizo hincapié en que en muchas regiones del país, las organizaciones criminales llegan antes que el Estado, captando a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Citó ejemplos de sistemas de justicia terapéutica y restaurativa en ciudades como San Juan, Córdoba y Rosario, que buscan alternativas al encarcelamiento, enfocándose en procesos de sanación y desarrollo para los jóvenes infractores.
El arzobispo también criticó la falta de propuestas legislativas para abordar las violaciones a la ley en las que los menores son víctimas, como la trata de personas y la explotación laboral y sexual. Según Lozano, es alarmante que el foco se ponga principalmente en penalizar a los menores delincuentes, mientras se pasa por alto la grave problemática de los menores víctimas de explotación y abuso.
En su artículo, Lozano cuestionó la eficiencia del sistema actual, argumentando que muchas veces los primeros objetos de valor obtenidos por los jóvenes provienen de actividades delictivas. Propuso reflexionar sobre si el sistema educativo ha fallado en su función de retener a los jóvenes, y advirtió sobre la necesidad de una mayor inversión en educación, salud y actividades recreativas para prevenir la delincuencia juvenil.
Finalmente, Lozano llamó a una mayor dedicación de recursos en los barrios más vulnerables, destacando la necesidad de más docentes, personal de salud y trabajadores sociales. “Es urgente fortalecer las redes de contención y desarrollo para asegurar que los jóvenes puedan avanzar socialmente en lugar de caer en ciclos de pobreza y delincuencia”, concluyó.
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