El increíble historial del hombre que causó pánico en el Centro Cívico y otros edificios públicos

Tras una jornada cargada de tensión y preocupación para los sanjuaninos, las autoridades lograron desarticular una presunta red de amenazas de bomba que mantuvo en vilo al Centro Cívico, los Tribunales y el centro de salud Monseñor Báez Laspiur, durante la mañana del viernes 22 de marzo de 2024. El individuo señalado como responsable de estos incidentes, Eduardo Bazán, un vendedor ambulante de la zona, fue detenido horas después en posesión de múltiples teléfonos celulares y chips, luego de que la Fiscalía Genérica llevara a cabo una serie de allanamientos en domicilios de la capital sanjuanina.

El desenlace de este episodio, que mantuvo en alerta a las fuerzas de seguridad y a la comunidad en general, fue el resultado de una exhaustiva investigación que combinó el análisis de datos y la cooperación ciudadana. Los entrecruzamientos de información y la geolocalización de los dos llamados recibidos por el Cisem 911 resultaron fundamentales para identificar a Bazán como el presunto autor de las amenazas. A este respecto, la colaboración de una vecina, quien denunció las constantes amenazas que recibía del individuo en cuestión, proporcionó valiosa información que contribuyó al esclarecimiento del caso.

Bajo la coordinación de la fiscal Daniela Pringles, la Fiscalía Genérica llevó a cabo allanamientos en una residencia ubicada en calle Tucumán al 1300 norte, domicilio del detenido, y en una vivienda del barrio Dorrego, perteneciente a un familiar. Durante la operación, las autoridades incautaron una cantidad significativa de teléfonos celulares y chips, elementos que se presumen utilizados en la ejecución de los actos delictivos.

El arresto de Bazán tuvo lugar en la tarde de ese viernes y fue trasladado a la Comisaría 2º de Concepción, donde permanece bajo custodia policial. Se le imputan delitos de "Intimidación Pública" y "Coacción", en perjuicio del Orden Público. La fiscal Pringles ha solicitado información a la fiscalía de Hurlingham, Buenos Aires, lugar donde residía Bazán anteriormente, con el fin de indagar sobre sus antecedentes penales y su posible implicación en otros hechos delictivos.

Además de las amenazas de bomba, Bazán también enfrenta acusaciones por intimidación y violencia verbal hacia una vecina, quien proporcionó evidencia de los mensajes amenazantes recibidos a través de WhatsApp. Sorprendentemente, el número de teléfono asociado a dichas amenazas coincidía con el utilizado para realizar las llamadas anónimas que alertaron sobre la presunta presencia de artefactos explosivos en los sitios mencionados. Dichas llamadas, si bien no eran directamente amenazantes, sugerían la posible existencia de un tercero sospechoso en la zona, cuya identidad aún no ha sido determinada.