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Para Poder Ciudadano el Estado es cada vez menos transparente
NacionalesEl retroceso en la transparencia de los actos del Estado; el avance de la connivencia del crimen organizado con la política, y la falta de herramientas adecuadas y de involucramiento de la sociedad en la lucha contra la corrupción son algunos de los temas que aborda el informe 2014 de Poder Ciudadano "Corrupción y Transparencia".
El libro, editado por Eudeba, fue presentado ayer en el Senado por el presidente de la organización no gubernamental, Hugo Wortman Jofré, quien estuvo acompañado por la politóloga Ana María Mustapic, el legislador porteño Gustavo Vera, la periodista Romina Manguel y por María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once.
La exposición de Rey, que contó su experiencia personal en su reclamo de justicia, fue una de las más crudas muestras de que la corrupción puede adoptar el ropaje de la muerte. "Once debe ser un punto de inflexión contra la desesperanza y para que haga carne esto de que la corrupción nos mata, que son muertos, que son familias destruidas", sentenció la madre de Lucas Menghini, víctima de la tragedia de Once cuyo nombre cobró penosa notoriedad porque su cuerpo fue encontrado tres días después de ocurrido el accidente.
Rey, que cuestionó la respuesta del Gobierno ante el incidente, destacó como positivo el hecho de que ya esté en marcha el juicio cuando, aseguró, "ninguno de los funcionarios pensó que iba a estar ahí", afrontando un proceso para encontrar los culpables políticos y materiales del accidente.
"La tragedia de Once debe ser un punto de inflexión contra la desesperanza y para que haga carne esto de que la corrupción nos mata".
A su turno, Manguel amplió el concepto de Rey al afirmar que una de las particularidades del caso Once es que "se vio a los funcionarios con las manos manchadas de sangre" ante la consecuencia de una corrupción que llevó a una tragedia que, afirmó la periodista, "los informes de la Auditoría General de la Nación habían anticipado y a la que sólo faltaba ponerle la fecha".
El informe está compuesto de varios capítulos con conclusiones sobre diferentes aspectos de la transparencia y la lucha contra la corrupción, y el análisis detallado de cómo estas falencias impactan en la vida de la sociedad, a partir de la lectura de determinados casos emblemáticos. Entre estos últimos se destacan el caso Ciccone, la mencionada tragedia de Once, el controvertido intento de destituir al fiscal José María Campagnoli y la falta de interés de la sociedad por la decisión del gobierno kirchnerista de no designar un defensor del Pueblo desde hace casi ocho años.
Siempre en su tono enfático, el legislador porteño se preocupó en enfatizar que la connivencia con la corrupción "no es sólo patrimonio del kirchnerismo" y citó como ejemplo el silencio oficial ante las denuncias por la existencia de talleres clandestinos en la Capital Federal.
A la hora del análisis de los antídotos para evitar el avance de la corrupción, Mustapic destacó "el papel de los medios, de la oposición y de la sociedad civil a través de las organizaciones" en la denuncia y persecución de los casos de corrupción.
Por su parte, Vera alertó sobre la existencia de "un estado de mafiosidad (sic), donde se garantiza seguridad jurídica a las mafias".
Por su parte, Wortman Jofré puso énfasis en la necesidad de introducir el sistema normativo nacional de institutos que existe en el sistema anglosajón para ayudar a la Justicia. "Hace falta la generación de incentivos para que la gente que tiene información coopere en la lucha contra la corrupción", afirmó el presidente de Poder Ciudadano, quien citó como ejemplo la posibilidad de ofrecer, a cambio de información, reducción o eximición de penas, entre otras medidas.
Además de los casos emblemáticos, el informe "Corrupción y Transparencia" aborda los desafíos institucionales en materia de lucha contra la corrupción, y detallando las deudas pendientes y las responsabilidades políticas por esas falencias. También hay un capítulo dedicado a la paulatina pero clara pérdida de transparencia a partir de las trabas impuestas en el acceso a la información pública y la opacidad introducidas en las declaraciones juradas de los funcionarios con las modificaciones impulsadas por ley por la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Fuente: La Nación.-
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