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Milei evalúa la posibilidad de convocar a un PLEBISCITO no vinculante para aplicar reformas
El Gobierno, además, da por muerta la Ley Ómnibus, al mismo tiempo que apuesta a que los gobernadores paguen el costo.
Tras la derrota en el tratamiento de la ley Bases en el Congreso, el presidente Javier Milei no descarta la posibilidad de convocar a una consulta popular para exponer a gobernadores dialoguistas que votaron en contra, a los que acusó de “traidores”. Además, se esperanza con la conformación de un nuevo Congreso en 2025.
Con la ley en segundo plano, y a pesar de las imprecisiones esbozadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto a la posibilidad de llamar a un plebiscito, por los pasillos de Casa Rosada revelan que la idea está y que “hay grandes chances” de que suceda.
Hay quienes creen que la megaley “está muerta” y ven con buenos ojos la chance de llamar a un referéndum no vinculante, con la intención de exponer a los opositores que no acompañaron la reforma, pero saben que debe pasar por el Congreso que, creen, “está diseñado para trabar las cosas”.
Sobre el tema, estudian los casos testigo de América Latina: en Uruguay, cuando Luis Lacalle Pou hizo pasar una serie de reformas en 2022 vía consulta popular, y en Chile, luego de que Gabriel Boric se viera debilitado tras el rechazo del pueblo a una nueva Constitución Nacional.
“Las experiencias indican que cuando pasa esto los proyectos no vuelven a tratarse. Creemos que no se tratará, esto está muerto y la opción era consulta popular”, alertó una fuente con despacho en Balcarce 50.
Casi sin lugar a la autocrítica, en La Libertad Avanza responsabilizan en su totalidad a los gobernadores que, en la previa a la sesión de ayer, habrían dado garantías al oficialismo de acompañar la megaley y en el recito, sus diputados, votaron en contra.
Los señalados son Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Martin Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), y Rolando Figueroa (Neuquén).
“Gildo, Jalil y Quintela por lo menos fueron de frente. Te digo que los prefiero”, remarcaron desde la administración.
La relación con los mandatarios provinciales se encuentra en frizada a tal punto, que desde el Gobierno no ven factible un nuevo encuentro que aglutine a todos los mandatarios en el corto plazo, e incluso decidieron suspender una reunión prevista para hoy entre Pullaro y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión es simple: las provincias deberán pagar el costo político de la caída de la megaley.
“A ningún gobierno le rechazaron la primera ley que presentó. En estas condiciones es difícil sentarse a charlar con gente que te traiciona. Con traidores no se negocia”, precisaron al respecto.
El enojo es tal que hay quienes cuestionan al cordobés Osvaldo Giordano, titular de ANSES, debido a la negativa en la votación particular de su esposa, la diputada de Hacemos Coalición Federal Alejandra Torres aunque aseguran que continuará en funciones.
NA
Tras la derrota en el tratamiento de la ley Bases en el Congreso, el presidente Javier Milei no descarta la posibilidad de convocar a una consulta popular para exponer a gobernadores dialoguistas que votaron en contra, a los que acusó de “traidores”. Además, se esperanza con la conformación de un nuevo Congreso en 2025.
Con la ley en segundo plano, y a pesar de las imprecisiones esbozadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto a la posibilidad de llamar a un plebiscito, por los pasillos de Casa Rosada revelan que la idea está y que “hay grandes chances” de que suceda.
Hay quienes creen que la megaley “está muerta” y ven con buenos ojos la chance de llamar a un referéndum no vinculante, con la intención de exponer a los opositores que no acompañaron la reforma, pero saben que debe pasar por el Congreso que, creen, “está diseñado para trabar las cosas”.
Sobre el tema, estudian los casos testigo de América Latina: en Uruguay, cuando Luis Lacalle Pou hizo pasar una serie de reformas en 2022 vía consulta popular, y en Chile, luego de que Gabriel Boric se viera debilitado tras el rechazo del pueblo a una nueva Constitución Nacional.
“Las experiencias indican que cuando pasa esto los proyectos no vuelven a tratarse. Creemos que no se tratará, esto está muerto y la opción era consulta popular”, alertó una fuente con despacho en Balcarce 50.
Casi sin lugar a la autocrítica, en La Libertad Avanza responsabilizan en su totalidad a los gobernadores que, en la previa a la sesión de ayer, habrían dado garantías al oficialismo de acompañar la megaley y en el recito, sus diputados, votaron en contra.
Los señalados son Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Martin Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), y Rolando Figueroa (Neuquén).
“Gildo, Jalil y Quintela por lo menos fueron de frente. Te digo que los prefiero”, remarcaron desde la administración.
La relación con los mandatarios provinciales se encuentra en frizada a tal punto, que desde el Gobierno no ven factible un nuevo encuentro que aglutine a todos los mandatarios en el corto plazo, e incluso decidieron suspender una reunión prevista para hoy entre Pullaro y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión es simple: las provincias deberán pagar el costo político de la caída de la megaley.
“A ningún gobierno le rechazaron la primera ley que presentó. En estas condiciones es difícil sentarse a charlar con gente que te traiciona. Con traidores no se negocia”, precisaron al respecto.
El enojo es tal que hay quienes cuestionan al cordobés Osvaldo Giordano, titular de ANSES, debido a la negativa en la votación particular de su esposa, la diputada de Hacemos Coalición Federal Alejandra Torres aunque aseguran que continuará en funciones.
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