Estatales reclaman por la Obra Social Provincia: “está devastada y fundida”

San Juan
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Aseguran que la gestión de Sergio Uñac “aniquiló a la Obra Social de los trabajadores del Estado” y merece “un juicio político”. “Metieron mano para la campaña política”, dijo Sonia Espejo, de Estatales Autoconvocados. Las demoras en las autorizaciones, con auditorías que se realizan fuera de la provincia  y la escasa cobertura, entre los principales reclamos.








Estatales autoconvocados aseguran que la Obra Social Provincia “está devastada y fundida” y responsabilizan a la actual administración de Miguel Ángel Grecco por “gastar y malgastar los aportes que hacen los trabajadores del Estado”.

Diariamente, entre 300 y 400 afiliados llegan al edificio donde funciona la Obra Social Provincia para “peregrinar por una autorización” que puede llegar a demorar entre cinco y 15 días, dependiendo de la complejidad de la práctica médica, ya que las auditorías no se realizan en San Juan.

“Desde que fue creada la Obra Social, esta gestión ha sido la peor porque no tiene empatía con los trabajadores. Toman decisiones respecto a las prestaciones y no le consultan a los afiliados. La obra social más importante de la provincia está devastada y fundida”, dijo Jorge Domínguez, del Movimiento Estatales Autoconvocados, en un streaming de E-Noticias.

Además, dijo que a pesar de que se implementó el sistema on line, hay demoras en las autorizaciones. 

“Una práctica ambulatoria tarda entre 3 y 5 días hábiles, una de traumatología tarda entre 10 y 15 días hábiles para que la autoricen, porque los auditores están en Buenos Aires y las pràcticas cardiológicas demoran entre 5 y 8 días porque las auditorías están en La Rioja, teniendo médicos en San Juan que solo le hacen recibir las indicaciones y pasarlas a las auditorías que están fuera de la provincia”, indicó Domínguez.

Asimismo, dijo que “la obra social cubre el 80%, por lo tanto los médicos y profesionales de la salud deben cobrar un "mínimo ético" (copago) para hacer la diferencia”. Así, en una consulta médica, los afiliados a la OSP deben pagar entre $5000 y $7000. 

“El Gobierno dice que es ilegal pero no toman los recaudos para hacer valer el aporte que hacemos como afiliados que religiosamente aportamos todos los meses y tenemos que sacar de nuestro bolsillo para hacernos atender o un estudio médico”.

Ante dicha situación, muchos afiliados optan por hacerse atender en los hospitales públicos, perjudicando a los que no tienen obra social

“En los hospitales ingresan 10 personas, de las cuales siete tienen obras sociales y de esas siete, cinco son de la OSP. Estamos volviendo a los hospitales. Le sacamos servicios a la gente que no tiene obra social por los gastos que hay que pagar para poder hacerse atender”, expresó Domínguez.

Por su parte, Sonia Espejo agregó que “el dinero que  circula adentro, gastan y malgastan proviene de los aportes de los trabajadores del Estado”. 

“La obra social se ha convertido en un negocio grande para pocos. Siempre fue la caja donde metieron mano para las campañas políticas. Esta gestión aniquiló a la obra social. Es para haberle hecho un juicio político al Gobernador que ya se está yendo. Que ha sido ciego, sordo y mudo y nunca nos contestó. Sabe que la Obra Social es de los trabajadores, no vamos a permitir que la entreguen. Es nuestra. Creció en afiliados, debería haber crecido en prestaciones de calidad y no sucedió”, aseveró Espejo, dirigente del Movimiento de Estatales Autoconvocados.
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