gondola A través de acciones conjuntas entre San Juan y Mendoza se intenta terminar con la ganancia de los comercializadores de los vinos en góndola.
Hace algunos meses se firmó en Mendoza el Cordón Andino, un consorcio vitivinícola destinado al vender la producción en el mercado interno eliminando la intermediación, y por lo tanto mejorando la ganancia de los bodegueros.
"Tiene por finalidad la asociatividad de los pequeños y medianos bodegueros para poder llegar a más etapas o eslabones de la cadena de elaboración. Hay bodegueros que no fraccionan, sino que se lo venden a un tercero para que lo termine comercializando en un supermercado", explicó el Ministro de la Producción sanjuanino.
"A través de un programa que estamos trabajando con el Instituto de Vitivinicultura, el Ministerio de la Producción de la Nación y la Provincia de Mendoza, existe la posibilidad de que a partir de una asociación estas bodegas lleguen al consumidor para que ganen una renta que hoy está terminando en un tercero. Se está trabajando con mucha consciencia para que no haya un vivo que se quede con la mayor parte, que por lo general son las cadenas de comercialización, y que esa parte se traslade a los elaboradores y viñateros", agregó Marcelo Alós.
Del Cordón Andino participan más de 50 bodegas de San Juan, Mendoza y Catamarca, aunque de nuestra provincia sólo firmaron el acuerdo unas nueve. De todas maneras, existe la posibilidad de que en el futuro se incorporen más.
"La Nación y las provincias pondrán aportes a un fideicomiso para iniciar el marketing y la comercialización, y las bodegas tienen que poner vino. No hay cupo, todo depende de lo que cada uno quiera aportar", cerró Alós.
El senador sanjuanino cuestionó las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
El gobernador fue consultado por las versiones que ubican a la provincia dentro de una gira que el Presidente realizaría por el interior del país. Aseguró que no recibió información oficial.
El gobernador defendió el financiamiento aprobado por la Legislatura, aseguró que la obra pública es una prioridad y sostuvo que San Juan debe prepararse para aprovechar las inversiones que proyecta para los próximos años.
Los imputados acordaron una reparación económica de $1.000.000 para cada damnificado, pero una disputa entre Fiscalía y el juez de Garantías frenó la homologación del acuerdo.
Roberto Dany Sarmiento y su esposa, Myriam Muñoz, aceptaron una pena de tres años de prisión condicional en el marco de la causa iniciada tras una transferencia duplicada realizada por una minera.