Armendáriz aclaró que "por ley" Uber y Moto Taxi no están habilitadas en San Juan
Diseño sin título (19) Jorge Armendáriz advirtió que en otros lugares del país, "se han instalado sin autorización". "En San Juan hay una ley y como cualquier actividad tiene una reglamentación", indicó el funcionario.
El director de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz reafirmó que en San Juan Uber "no está habilitado para operar", tal como se comunicó ayer, según lo establecido en la Ley provincial N° 814-A y su Decreto Reglamentario N° 0006-2015, que regulan el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en el ámbito provincial.
"Como cualquier actividad tiene una reglamentación y en este caso hay una ley. Todos debemos cumplir con lo que está reglamentado. Existen normas y reglementaciones que se deben cumplir. Sabemos que esta empresa trabaja sin pedir autorización. Hice un sondeo en el país y hay lugares que se instalan sin autorización", dijo el funcionario en declaraciones a Estación Claridad.
En este sentido, dijo que hay provincias como Tucumán y Mendoza que se legisló. En Tucumán no se habilitó el funcionamiento y en Mendoza sí.
"Esto está dado en el marco de las condiciones de cada ciudad. Pero nuestra posición es clara, existe una reglamentación, una ley", advirtió el titular de Tránsito y Transporte.
Para evitar la instalación ilegal de Uber, desde el Gobierno procederá con operativos conjuntos con la Policía de San Juan y Tribunal de Faltas.
"Hace unos meses atrás tuvimos casos de un grupo de personas que pretendía instalarse en San Juan con una aplicación de servicio de transporte público de pasajeros, mediante motos y no está funcionando", indicó Armendáriz.
La iniciativa está en elaboración y apunta a trabajadores estatales que quieran dejar la administración pública con beneficios previsionales y cobertura de salud.
El seleccionado galo cerró la primera fase con una contundente victoria en Boston y ratificó su chapa de candidato. Pese a la derrota, los noruegos también avanzaron a los 16avos de final.
El hombre, de 72 años, fue declarado culpable tras un juicio oral y público. La investigación se inició a partir de un reporte internacional que permitió identificar la distribución de los archivos desde San Juan.
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