Nuevas críticas internacionales al país por el tráfico de personas

Con un fuerte llamado a investigar y combatir la "complicidad de funcionarios y policías" en lo que califica como "una forma moderna de esclavitud", la Argentina volvió a figurar como "fuente, destino y lugar de paso" para el tráfico de personas.

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"El gobierno de la Argentina no cumple con los estándares mínimos para la eliminación" de ese tráfico, afirma un informe del gobierno de Estados Unidos, que reconoce, sin embargo, que hay esfuerzos en la materia. El duro diagnóstico quedó reflejado en el último informe anual sobre tráfico de personas, que periódicamente elabora el Departamento de Estado norteamericano como parte del abanico de herramientas en las que funda el trabajo de su diplomacia.

Presentado como uno de los mayores compromisos de la administración norteamericana en la materia, el extenso documento fue analizado con la participación del secretario de Estado, John Kerry, que consideró que la problemática es uno de los ejes prioritarios para la elaboración de políticas.

"Necesitamos detener esta industria ilegal" que afecta a no menos de 20 millones de personas por año y que produce 150.000 millones de dólares al año, dijo Kerry, al dar dimensión a lo que definió como la "esclavitud" de nuestro tiempo.

"El gobierno de la Argentina no cumple con los estándares mínimos para la eliminación" de ese tráfico.

Chile figura en el informe como el único país de la región cuyo combate a ese flagelo califica dentro de los niveles más apropiados. Por el contrario, Venezuela es la única nación de América latina que integra la llamada "lista negra" de los gobiernos indiferentes a ese comercio vil, con lo que queda a las puertas de recibir sanciones de distinto tipo.

La novedad ha sido, este año, la eliminación de Cuba del listado. No porque sus políticas en la materia sean exitosas, sino porque "ha demostrado empeño" en tratar de eliminar, especialmente, el turismo sexual. Esta declaración coincide con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.

"Este informe no se basa tanto en los resultados concretos en la lucha contra ese delito de nuestro tiempo, sino en el compromiso real de los gobiernos para enfrentarlo", explicó a periodistas extranjeros la subsecretaria de Estado para la Democracia y los Derechos Humanos, Sarah Sewall.

La Argentina quedó situada en el grupo intermedio, en el que figuran países que si bien no alcanzan los estándares mínimos para enfrentar el tráfico de personas demuestran hacer esfuerzos para intentar alcanzarlo.

De ese modo, aunque no sean efectivos, quedan al margen de posibles sanciones en el curso político norteamericano, tales como recortes en programas de financiamiento y de ayuda, salvo aquellos que tengan que ver específicamente con mejoras sociales.

En lo que se refiere a nuestro país, el informe apela en reiteradas ocasiones a las denuncias y advertencias presentadas por organizaciones no gubernamentales. Particularmente, en lo que refiere a las denuncias por corrupción oficial y sobre la eventual participación de funcionarios oficiales en actividades vinculadas con el tráfico de personas para explotación sexual.

Se afirma que el fenómeno ocurre en todo el país, pero que se detecta mayor gravedad en las provincias del interior, donde la complicidad gubernamental "es causa de seria preocupación". Y se advierte que en ese punto la situación se complica ante la falencia de la Justicia para "investigar y procesar" a los funcionarios de distintos niveles inmersos en ese tipo de denuncias. Entre sus "recomendaciones", el informe pide especialmente que se hagan esfuerzos en ese sentido.

"Por lo menos en el 40% de los casos detectados de prostitución y operación de burdeles hubo complicidad policial", sostiene el informe norteamericano, al hacerse eco de denuncias de las ONG.

 

No sólo se trata de explotación sexual. El informe previene sobre la penosa situación de "hombres, mujeres y niños" que son objeto de "diferentes formas de trabajo forzado" en la geografía nacional. Describe sobre todo áreas rurales, pero eso no exime a "los talleres de explotación en las ciudades y los chicos forzados a convertirse en vendedores ambulantes en las calles", a los que no sólo se les niegan los derechos de infancia sino que quedan expuestos a todo tipo de abusos.

Advierte también sobre la vulnerabilidad de extranjeros residentes en nuestro país. Entre ellos, los de la comunidad china, donde se detectaron casos de "trabajo forzado basado en supuestas deudas" con quienes, teóricamente, se comprometieron a ayudarlos.

 

 

Fuente: La Nación.-